Más allá del caso testigo de la Casa Miramontes, el municipio y especialistas trabajan en una normativa de fondo para frenar la pérdida de identidad visual y arquitectónica de la ciudad.

La reciente presentación ante el Consejo de la Ciudad no solo puso bajo la lupa la situación crítica de la Casa Miramontes; marcó el inicio de un cambio de paradigma en la gestión urbana de La Falda. El objetivo es claro: pasar de la "reacción de emergencia" ante la amenaza de una topadora a una planificación estratégica mediante una nueva Ordenanza Marco de Patrimonio.

Actualmente, la normativa vigente data de 2015 y presenta vacíos que ponen en riesgo el paisaje serrano. La regla de los "50 años de antigüedad" para regular demoliciones ha demostrado ser insuficiente y ambigua. Ante esto, el Área de Cultura y la Junta Municipal de Historia, con el asesoramiento del arquitecto Fabio Grementieri, proponen una ley que no dependa de la edad de un edificio, sino de su valor técnico y social.

Esta "ordenanza madre" busca limitar y reubicar con los proyectos de construcciones genéricas —denominadas "cajas de zapatos"— que desdibujan la identidad local, especialmente ante la presión inmobiliaria motivada por el desplazamiento migratorio de distintas ciudades de Argentina..

Relevamiento científico y profesional

Para que la nueva ley tenga sustento indiscutible, se está profesionalizando el relevamiento arquitectónico junto a la Facultad de Arquitectura de la UNC. Este trabajo técnico permitirá categorizar la ciudad bajo un sistema de colores:

• Protección Estructural (Rojo): Inmuebles intocables por su valor excepcional, donde el Estado y el privado firman convenios de preservación.
• Protección Preventiva (Naranja/Amarillo): Edificios que permiten adaptaciones controladas sin perder su esencia.
• Zonas de Desarrollo (Verde): Áreas destinadas al crecimiento moderno y la nueva arquitectura.

 La nueva ordenanza busca que cualquier desarrollo futuro armonice con el entorno, protegiendo las cuencas visuales que hacen de La Falda un destino turístico.

Un pacto entre lo público y lo privado

El proyecto reconoce una realidad ineludible: el Estado no puede proteger y mantener todos los edificios con valor histórico. 

Por ello, la normativa promueve que los propietarios sean aliados estratégicos. A través de compensaciones, como la exención de tasas municipales y el asesoramiento técnico, se busca conservar joyas arquitectónicas que no se conviertan en una "carga" para el privado y se convierta en un activo de valor.

La Casa Miramontes, no solo representa el patrimonio más valioso, sino que sienta un precedente jurídico, que define un marco sólido para garantizar que el crecimiento de La Falda no signifique la demolición de su propia memoria.