Finalmente el viernes 26 de enero se realizó la entrega de la nota al intendente de La Falda, firmada por mas de 850 vecinos que argumentaron, que basado en la carta orgánica municipal, el edil debe velar por el bienestar de los ciudadanos. 

La iniciativa se aceleró ante diferentes hechos delictivos que pusieron en vilo a vecinos de varias zonas, pero fundamentalmente del barrio Villa Eden. 

Si bien no se gestionó en tiempo y forma ante las autoridades policiales la marcha o cacerolazo, unos 60 vecinos participaron efusivamente de la protesta, que se concentró al mediodía en el escenario de la diagonal San Martín y luego se desplazaron hacia la comisaría local, donde una delegación de 8 personas aceptó la invitación de reuniŕse con la jefe de zona y la comisaria faldense.

Si bien la iniciativa se presentó como apolítica, no pasaron desapercibidas algunas expresiones contra el intendente Dieminger, generadas por varios referentes que responden a sectores opositores políticos de la actual administración municipal.

Hubo intencionalidad desde un principio que el acontecimiento trascendiera por medios de prensa provinciales y nacionales, lo que provocó cierto malestar y reacción en el comercio, la hotelería y gastronomía local.

Lo cierto que la discusión sobre el tema seguridad es un debate provincial de muchos años, en donde las posturas políticas se fueron apropiando de diferentes soluciones, que encendieron una guerra de méritos, que habría quedado claramente expuesto en las últimas expresiones del Gobernador Llaryora sobre ese tema, que mantendría un prejuicio contra el municipio faldense por el buen desempeño en 2 años del sistema “Ojos en Alerta”, en contraposición con el proyecto oficial de policía municipal con armas no letales.

Punilla, ha sido escenario de múltiples reuniones de seguridad en el 2023, donde los centros vecinales ya claramente percibieron que la falta de brigadas de investigación, la inimputabilidad de menores, el colapso de la fiscalía de Cosquín, reflejada en demoras o ausencia en tiempo y forma de allanamientos, deja indefensa a casi toda la población.

La paradoja es que mientras muchos municipios del país consideran emular la inversión en seguridad que realizó La Falda, algunos ciudadanos intentan endilgarle al municipio un rol que claramente está en manos del Ministerio Público Fiscal del gobierno provincial de Córdoba.